La identificación de las coaliciones Bildu y Amaiur con Batasuna, el brazo político de ETA ilegalizado en 2003, no es sólo vox populi, sino que se trata de un hecho objetivo, incuestionable y demostrado, no sólo por el mero hecho de que la coalición no haya condenado la violencia de los terroristas, sino por los informes policiales y la composición de las listas que presentó la organización para las elecciones municipales y generales. Bildu y Amaiur, además de aglutinar a las principales fuerzas políticas abertzales -Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternatiba-, reúne a varios “independientes” escogidos por Batasuna y que ocuparon los primeros puestos en las listas a ambas elecciones.
Para comprender cómo ha sido posible la traición del PSOE al Pacto Antiterrorista del 2000 con el PP y la legalización de Bildu, hay que analizar la situación del poder judicial en nuestro país. Como se viene denunciando desde muchos medios periodísticos y desde algunos partidos políticos, en España no existe una estricta separación de poderes. De los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, 4 son elegidos por el Congreso y otros 4 por el Senado, siempre por mayoría de 3/5 -lo que obliga a los partidos a pactar y aceptar a jueces de tendencia política diferente a cambio de la aceptación por el otro partido de los propios jueces propuestos. Hace poco tiempo asistimos a una crisis del TC relacionada con una falta de acuerdo cuando se había de renovar a tres de los componentes del tribunal-. En cuanto al Consejo General del Poder Judicial, cada cámara escoge a 10 vocales de un total de 20. Es decir, que las Cortes eligen a todos los vocales del CGPJ, los cuales deberán nombrar a su presidente. Y por último, señalar que la Fiscalía General y la Abogacía del Estado dependen también del gobierno de turno.









